A medida que seguimos contribuyendo al progreso del estado, es esencial que nuestras voces sean escuchadas, que nuestras necesidades sean atendidas y que nuestro potencial sea completamente reconocido por los responsables políticos y los proveedores de servicios. Ya sea enfrentando barreras en la educación o mejorando el acceso a la atención médica, nuestra fuerza radica en nuestra capacidad para trabajar juntos y apoyarnos mutuamente. Sin embargo, para abordar las necesidades estructurales de los latinos en Georgia, las soluciones deben ser integrales, reconociendo cómo estos sistemas se intersectan y el impacto desproporcionado que tienen en nuestra comunidad.
De cara al futuro, invitamos a cada uno de nosotros a construir sobre nuestra fuerza colectiva y abogar por cambios que extiendan y amplíen las políticas y circunstancias para que todos los que vivimos en Georgia podamos alcanzar nuestras aspiraciones de avance educativo, económico y social.
Las siguientes recomendaciones delinean pasos que pueden ayudar a garantizar que la comunidad latina de Georgia tenga los recursos, oportunidades y apoyo necesarios para prosperar—y seguir impulsando el progreso del estado.
Recomendaciones
- Expandir los tipos de documentos aceptados como “ID” en programas, servicios y cualquier situación donde se requiera identificación. En Georgia, una licencia de conducir es la forma predeterminada de identificación necesaria para calificar para programas como ayuda en desastres o para inscribirse en servicios de organizaciones sin fines de lucro. Para obtener una licencia de conducir en Georgia, las personas deben proporcionar un número de Seguro Social y demostrar un estatus migratorio legal. Las agencias estatales, organizaciones sin fines de lucro, empresas y otras organizaciones deberían aceptar una gama más amplia de documentos para verificar la identidad de alguien. Antes del 2000, se aceptaban una variedad más amplia de identificaciones, incluidas pasaportes vencidos, identificaciones estudiantiles (tanto universitarias como de K-12), licencias de conducir de cualquier estado o país, tarjetas de identificación consulares e identificaciones de empleo.
- Incluir disposiciones estandarizadas de acceso al idioma en los servicios y programas patrocinados por el estado y financiados por el gobierno federal. El Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 prohíbe la discriminación en programas que reciben fondos federales basados en raza, color u origen nacional y es aplicado por la Oficina de Derechos Civiles (OCR) del Departamento de Salud y Servicios Humanos. La OCR define el acceso al idioma como una forma de garantizar una comunicación efectiva para las personas con dominio limitado del inglés (LEP) y aquellos que son ciegos o sordos/dificultad auditiva. Este mandato no se suspende durante emergencias.
- Derogar las disposiciones que restringen la elegibilidad de los inmigrantes legalmente presentes para los programas de asistencia federal. La Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidades de Trabajo de 1996 (PRWORA) prohíbe a los inmigrantes legalmente presentes acceder a programas de asistencia federal al permitir que los estados adopten restricciones más punitivas. Estas restricciones también pueden impedir que los estados o localidades utilicen sus propios fondos para crear programas más inclusivos. Aunque PRWORA no afecta los fondos una vez que se transfieren a organizaciones sin fines de lucro, limita el acceso a servicios críticos para los inmigrantes y disuade a aquellos con documentación variada de buscar programas para los cuales califican. Muchas familias latinas, por ejemplo, fueron excluidas de los programas de red de seguridad durante la pandemia de COVID-19, perdiendo fondos federales destinados a proporcionar alimentos y vivienda.
- Incluir el acceso al idioma y la competencia cultural como consideraciones clave en las subvenciones de filantropía privada para “poblaciones generales” para asegurar programas inclusivos. Los acuerdos de subvenciones filantrópicas a menudo requieren que los beneficiarios afirmen la no discriminación, la imparcialidad y el uso adecuado de fondos de acuerdo con los estándares del IRS. La filantropía puede ayudar a garantizar la inclusividad exigiendo acceso al idioma cuando los solicitantes mencionen que sirven a “Personas de Color”, “inmigrantes”, “personas de bajos ingresos” o “todas las poblaciones” para garantizar que los latinos e inmigrantes tengan acceso real a estos programas y servicios. La mejora en el acceso al idioma y la conciencia cultural debe ir acompañada de inversiones intencionales para garantizar que la contratación, el diseño y la implementación de programas y servicios reflejen las comunidades a las que sirven.
- Promover políticas de vivienda que fortalezcan los derechos de los inquilinos y definan estándares para un hogar seguro y saludable. Las políticas de vivienda son, en gran parte, políticas de salud y bienestar. Si bien se ha avanzado en algunos aspectos, deben asegurarse las asignaciones presupuestarias específicas para respaldar los mecanismos de supervisión y las sanciones por falta de cumplimiento. Los georgianos de bajos ingresos y con documentación diversa deberían tener derecho a una buena calidad de vida y no ser fácilmente intimidado fuera de sus hogares. HB404 no define adecuadamente una propiedad “habitable”.
- Proveer una educación de calidad en K-12 para los aprendices de inglés y una educación superior asequible para todos los estudiantes que viven en Georgia. Estas inversiones son bloques de construcción críticos para forjar una economía fuerte y una fuerza laboral calificada, elevar la productividad y creatividad, y estimular el emprendimiento y los avances tecnológicos. Los mecanismos sólidos de responsabilidad tanto para las inversiones como para la eficacia de los métodos y esfuerzos deben ser una prioridad para el estado. No invertir en la educación latina es no invertir en la futura fuerza laboral de Georgia.
- Expandir las protecciones para los trabajadores, incluidos los trabajadores agrícolas. Garantizar el bienestar de los trabajadores no solo es una buena política social, sino también una buena política fiscal. Asegura la equidad en el mercado laboral, previene la explotación, mejora la productividad y proporciona sostenibilidad a las industrias que dependen en gran medida de las personas. Las condiciones de trabajo seguras (incluidas las protecciones contra el calor) benefician tanto a los trabajadores (menos lesiones y enfermedades) como a los empleadores (menos ausentismo, menor rotación de personal y menos interrupciones de operaciones).
- Reconsiderar cómo se diseñan e implementan los programas e inversiones para la construcción de riqueza comunitaria. Los financiadores y las organizaciones de apoyo empresarial (BSO) deben alinear los fondos y las iniciativas con evaluaciones de necesidades reales para apoyar mejor a los emprendedores y abordar las brechas en los ingresos y las oportunidades de crecimiento. Rastrear el impacto, no solo los resultados, es clave para entender lo que funciona y lo que no funciona para aquellos involucrados en actividades comerciales. Esfuerzos como una plataforma de información sobre cómo encontrar capital, apoyo empresarial, mentoría y otros recursos según el tipo de negocio o emprendedor (por ejemplo, artistas) han sido recomendaciones consistentes de aquellos que entrevistamos.
- Expandir Medicaid en Georgia. Esto ayudará a cubrir una brecha de aproximadamente 400,000 georgianos que actualmente no califican para apoyo financiero para comprar un seguro de salud en el limitado mercado de ACA. Los datos actuales de inscripción muestran que los esfuerzos alternativos con intenciones similares no han tenido éxito.
- Reducir las barreras para acceder a los fondos públicos estatales y locales mediante la agilización de los procesos. Las organizaciones comunitarias emergentes, los individuos y las familias carecen del tiempo, la capacidad y los recursos para navegar los complejos procesos administrativos necesarios para acceder a fondos de los contribuyentes. Desde la ayuda en desastres hasta la inscripción en redes de seguridad, las solicitudes complejas impiden que nuestra comunidad asegure las inversiones públicas financieras que necesitamos y que hemos estado pagando.
- Actualizar los estándares de recolección de datos para reflejar con precisión quién está en el estado. El mayor crecimiento poblacional en el estado es de la población multirracial. Actualizar las etiquetas para reflejar a las comunidades multirraciales y multiétnicas es crucial para los sectores público y privado. Estas comunidades a menudo son invisibles en conjuntos de datos clave o están mal representadas, lo que reduce enormemente nuestra capacidad de entender y diseñar, planificar y documentar programas. Sin una recolección de datos exhaustiva y culturalmente apropiada, no podemos desglosar la información lo suficiente para comprender el impacto en los segmentos de la población de Georgia.